La polémica por presuntos sobreprecios en la ejecución del megaemprendimiento habitacional Lomas de Tafí volvió a instalarse luego de un informe dado a conocer por la legisladora radical Silvia Elías de Pérez. Según la parlamentaria, el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) habría pagado un 44% más del valor original por las 4.802 casas edificadas en Los Pocitos.
El interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, le respondió a la legisladora y afirmó que la Justicia Federal había desestimado, en 2007, una denuncia por presuntos sobreprecios. Ayer, el ex legislador Esteban Jerez -fue el impulsor de esa demanda en 2006- aseguró a LA GACETA que la causa sigue en trámite y que no fue desestimada ni archivada por la Justicia. "Lejos de encontrarse desestimada por infundada, según los términos de Durán, se encuentra en trámite. El último curso del expediente es un informe del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, firmado por (Julio) De Vido y recibido en noviembre de 2012, que indica que sobre un total de 3.000 unidades habitacionales a construir existe un cupo pendiente de 7.415 casas", señaló el ex fiscal anticorrupción y agregó: "en la causa, la defensa de Durán planteó la nulidad de las actuaciones, y el juez federal subrogante (Mario Racedo) no hizo lugar a este pedido. Esta resolución fue apelada y la Cámara Federal decidió declarar la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo la denuncia. Por ello en octubre de 2009 me citaron a ratificarla, trámite procesal que realicé personalmente en esa fecha. Desde entonces la causa avanzó con numerosas diligencias y pedidos de informes".
Según Jerez, el presunto pago de sobreprecios se habría dado en el costo de la construcción por metro cuadrado. "Lo que principalmente se llevaba a conocimiento de la Justicia Federal eran las actuaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas que, entre otras irregularidades, objetaba que el m2 de vivienda fuera de un costo de $ 900 sin piso, sin revoque fino interior, sin pintura interior y sin contar los gastos de infraestructura", consignó el ex diputado opositor.
Nuevo planteo radical
Ayer, Elías de Pérez presentó en los Tribunales Federales una denuncia penal por "fraude contra la administración pública" en contra de Durán y del presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo.
"En Lomas 3.000, el presupuesto oficial es objetado por el Tribunal de Cuentas (TC) en lo que respecta al costo de las viviendas. Se objetaba el porcentaje elevado de los gastos generales (20%) ya que no estaban debidamente fundados", sostuvo Elías de Pérez en su presentación.
"Ante el cuestionamiento del TC, se elaboró un segundo presupuesto oficial, que contra toda lógica es aún mayor en un 3,79% del global de todo Lomas 3.000, siendo la diferencia entre ambos de $ 7,7 millones. Este nuevo presupuesto no fue sometido a control preventivo del TC", reza un párrafo de la denuncia. Entre las medidas solicitadas, la legisladora radical pidió que sean allanadas las oficinas del Instituto de la Vivienda.